En este mismo residencial ya se ha conseguido el desalojo de numerosas viviendas; la identificación de los más de 100 moradores; el corte de enganches y re-enganches ilegales junto con la compañía ENDESA, y la instalación puertas ‘antiokupas’, rejas y alarmas.

Tan solo un mes desde que el Ayuntamiento de El Ejido declaró la inhabitabilidad de un local ‘okupado’ en el Residencial ´Los Patios’ de San Agustín, un auto judicial ha autorizado al Consistorio al desalojo del morador y de cuantas personas se encuentren allí, aún de forma transitoria, con todos sus enseres.

El auto, además, autoriza a la demolición de todas las construcciones realizadas en el interior del local, así como la limpieza íntegra, desinfección y cegado de los huecos e instalación de puertas de seguridad de forma que se impida el acceso a toda persona no autorizada a la propiedad, todo ello bajo apercibimiento de ejecución subsidiaria.

El primer edil, Francisco Góngora, ha destacado “los buenos resultados que está dando el trabajo serio y riguroso impulsado desde el Ayuntamiento, con la creación de un protocolo de actuación para la declaración administrativa de situación de inhabitabilidad e insalubridad de la infravivienda okupada en el municipio que pueda permitir su rápido desalojo”. Al tiempo que, ha reiterado el compromiso por “erradicar esta actividad ilegal, que provoca problemas de marginalidad, insalubridad, inseguridad y de convivencia ciudadana”.

Igualmente, el alcalde ha mantenido varias reuniones con Policía Local, Urbanismo, Servicios Jurídicos, entidades bancarias, fondos de inversión e inmobiliarias, que tienen el mayor número de activos okupados en El Ejido, para estrechar la colaboración y desarrollar este protocolo por la vía administrativa.

El objetivo, ha dicho, “es poder actuar con agilidad en el cegado de huecos, tapiado de puertas, colocación de puertas anti-okupas y candados, y en la limpieza una vez se proceda al desalojado de sus respectivos inmuebles”.

En este mismo residencial ya se ha conseguido el desalojo de numerosas viviendas; la identificación de los más de 100 moradores; el corte de enganches y re-enganches ilegales junto con la compañía ENDESA, y la instalación puertas ‘antiokupas’, rejas y alarmas.