La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, realizó ayer la transferencia de crédito a los ayuntamientos y a la Diputación de Almería de 2,4 millones de euros del Fondo Social para hacer frente a las situaciones de emergencia provocadas por el Covid-19. De esta manera, la Junta de Andalucía adelanta el dinero que aún no ha pagado el Gobierno central.

Según el reparto de la cantidad destinada a Almería (2.476.147,76 euros), el Ayuntamiento de Almería recibe 685.525,67 euros, Diputación de Almería (884.143,14 euros), Adra (86.834,93 euros), El Ejido (288.646,39 euros), Níjar (105.877,98 euros), Roquetas de Mar (334.246,12 euros) y Vícar (89.873,53 euros).

El reparto se ha establecido conforme al decreto de financiación de los servicios sociales comunitarios, que data 2002, mediante el cual las transferencias se realizan a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones. Por lo tanto, el criterio y la manera de proceder para todas las entidades es el que figura en este decreto.

El delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Jiménez, ha asegurado que “el Gobierno andaluz adelanta este dinero porque las personas en situación de emergencia no puede esperar más”. De esta manera, los ayuntamientos y las diputaciones “podrán contar con esta partida para reforzar las prestaciones sociales y dar una respuesta a las personas que peor lo están pasando”. En este sentido, ha defendido que la Junta de Andalucía “ha estado desde el primer momento al lado de las personas y articulando medidas para no dejar a nadie atrás en esta crisis”.

En cuanto a los criterios prioritarios de actuación que ha establecido la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a la hora de la distribución entre las entidades locales del Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del Covid-19, se sitúa la garantía de ingresos suficientes a las familias para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas (35 por ciento del presupuesto) y el refuerzo de las plantillas de los centros residenciales y de servicios sociales comunitarios (30 por ciento).

Asimismo, se establece que el porcentaje del presupuesto de cada entidad local – ayuntamiento de más de 20.000 habitantes o diputación – destinado a reforzar los servicios de ayuda a domicilio así como la adquisición de medios de prevención tanto para personas usuarias como para profesionales tiene que ser del 20 por ciento.
Finalmente, el 15 por ciento en cada caso se destina a consolidar los dispositivos de las personas sin hogar, con el personal y medios materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente protegidas y, al mismo tiempo, posibilitar la ampliación del recurso tanto en el tiempo de estancia como en la intensidad.