Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas e investigado a otras 41, por delitos relacionados con el fraude a la Seguridad Social. Ha sido investigada una empresa relacionada con el sector de la construcción por defraudar 90.609,34 euros al erario público, mediante el impago de cuotas y el cobro indebido de prestaciones. Entre los implicados se encuentra el administrador de la mercantil y personas que colaboraron para la materialización de los delitos.

Las investigaciones comenzaron a primeros del pasado mes de enero a raíz de un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería en las que una mercantil inscrita en la Seguridad Social, con domicilio social en Almería y dedicada supuestamente al sector de la construcción, no acreditaba actividad ni registro de facturación, pudiendo tratarse de una empresa ficticia.

 

Una vez reunida toda la documentación necesaria y tras su estudio, se determinó por parte de los investigadores que dicha empresa con domicilio ficticio, había sido constituida a los meros efectos de producir la tramitación de altas fraudulentas en la Seguridad Social y a la simulación de relaciones laborales con la finalidad de obtener prestaciones de todo tipo. 

 

La mayoría de los falsos trabajadores habían fijado su residencia fuera de la provincia de Almería, para así dificultar su localización, El administrador único de la empresa captaba personas extranjeras en situación de desempleo, o bien que no reunían los requisitos mínimos de carencia para acceder a la percepción de prestaciones de desempleo, a quienes les ofertaba un contrato de trabajo a cambio de diferentes cantidades de dinero, a abonar en un único pago, o en recurrentes. En ningún caso las cuotas se ingresaban en la Seguridad Social, apropiándose de ellas el empresario; por su parte, los supuestos trabajadores, no llegaban a realizar trabajo alguno.

  

Las investigaciones realizadas por los agentes han determinado que a través de esa empresa fantasma, el administrador habría gestionado el alta de 41 personas en la Seguridad Social. Además, se ha constatado que diez de ellas obtuvieron prestaciones por subsidio por desempleo y dos más que se encontraban en situación irregular en España consiguieron obtener una autorización de residencia.

 

Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social. Esta empresa ficticia habría generado una deuda a la Seguridad Social de 61.390,17 euros en concepto de cotizaciones devengadas y no ingresadas. Con el régimen especial de trabajadores autónomos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el INSS habría defraudado 29.214'17 euros, en concepto de prestaciones y subsidios por desempleo. La cantidad total de dinero defraudado ascendería a 90.609'34 euros.