Agentes del Equipo Mujer y Menor (EMUME) de la Guardia Civil de Almería han colaborado desde el pasado enero con la Metropolitan Police de Londres para obtener las evidencias legales necesarias para llevar a Juicio Oral en el Inner London Crown Court de Londres (Reino Unido) a un español residente en ese país y al que las Autoridades Británicas le imputaban seis delitos contra la libertad sexual y cometidos sobre su hija menor de edad.

 

El acusado fue denunciado por su hija que convivía con él en dicho país por un delito equivalente en España al de violencia domestica, revelando un reconocimiento médico efectuado a la misma diversas secuelas generadas por el maltrato físico. Este fue el detonante para que los Servicios Sociales del Reino Unido, además, iniciaran una investigación paralela a la policial al infundir sospechas el comportamiento retraído y evasivo de la menor durante su estancia en los centros de educación o en las actividades extraescolares y que sospechaban, no era debido exclusivamente a la violencia domestica ejercida sobre ella. 

La investigación se inició en España en  enero de este mismo año cuando las Autoridades Judiciales Británicas solicitaron a España, por los canales oficiales de cooperación internacional, la prestación urgente de un auxilio judicial internacional al tener conocimiento por los Servicios Sociales que atendieron a la menor en Reino Unido, de la posible existencia de episodios pasados de violencia sexual contra la misma y cometidos, presuntamente, por su progenitor que la habría agredido, abusando también sexualmente de ella de forma continuada durante cinco años, estando ya señalada la fecha del juicio para el día 5 de marzo.

 

 

La inicial colaboración solicitada a España en enero lo fue bajo la figura jurídica de la Comisión Rogatoria Internacional y por la que se trataba de obtener en España, mediante la colaboración in situ de Detectives Constables de la Metropolitan Police y agentes de la Guardia Civil, las evidencias legales necesarias y con la premura precisa para que estuvieran disponibles para todas las partes, con carácter previo a la celebración del Juicio Oral en Londres. Con esta premisa se desplazaron en febrero los detectives de la Metropolitan Police pero, dada la ingente cantidad de documentos, informes, entrevistas policiales y otras evidencias que los mismos, en colaboración  con los agentes del EMUME, fueron capaces de recopilar y, la necesidad de su traducción y adaptación como prueba al proceso judicial británico, determinaron la suspensión del juicio y su nuevo señalamiento para el día 17 de agosto de 2018.

 

A mediados del mes de julio y tras intensas interlocuciones con las autoridades del Reino Unido, los agentes del EMUME recibirían nueva solicitud de colaboración a través de los canales de cooperación internacional, siendo ejecutado este nuevo Auxilio Internacional bajo la figura de una 'Orden Europea de Investigación'. Este instrumento jurídico, supone el reconocimiento mutuo de las investigaciones entre países miembros, lo que de facto ha supuesto para la colaboración e investigación desarrollada, que las evidencias recopiladas en España mediante el mismo, son plenamente válidas en cualquier país de la UE, incluido el Reino Unido.

 

Desplazados por tanto nuevamente a España los Detectives Constables de la Metropolitan Police ejecutaron a finales de julio, junto a los agentes del EMUME de la Guardia Civil la 'Orden Europea de Investigación' bajo la tutela de la Fiscalía Provincial de Almería.

 

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil conjuntamente con los Detectives Constables desplazados desde Londres por dos veces a nuestro país junto con todas las evidencias legales recopiladas fueron puestas, a través de la Fiscalía de Cooperación Internacional de Almería, a disposición de la Fiscal de la Corona de Inglaterra y Gales que, tras la celebración del juicio oral y a la vista del material probatorio recopilado en España mediante esta estrecha colaboración llevada a cabo entre la Guardia Civil y la«Metropolitan Polic» determinó, mediante un 'Jurado Popular', que el acusado fuera declarado culpable como autor responsable de seis delitos contra la libertad sexual cometidos de forma continuada durante cinco años sobre su hija y cuando ésta, únicamente, contaba con ocho años.