El propietario del terreno cobraba entre 300 y 700 euros por empadronamiento, sirviéndose de una red de intermediarios que captaban a extranjeros necesitados de un trámite de regularización

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vélez-
Málaga al propietario de una finca que registraba más de un centenar de
empadronamientos fraudulentos, cobrando por cada uno de ellos entre 300 y
700 euros. Así mismo, otras tres personas resultaron detenidas por
dedicarse, presuntamente, a realizar labores de captación de extranjeros que
necesitaban este tipo de trámite para regularizar su situación en España. En
la actualidad se hallaban empadronadas 173 personas – siendo 153
extranjeras- en una superficie de 136 metros cuadrados.
Fruto de una operación policial llevada a cabo en 2022 que pretendía poner
fin a la proliferación de asentamientos clandestinos de caravanas en el
municipio de Vélez-Málaga, se localizó una finca que carecía de los permisos
necesarios para la actividad de estacionamiento de larga estancia

.Inspecciones posteriores denotaron que la propiedad, con tan solo 136
metros cuadrados y dos viviendas construidas, contaba con un elevado
número de personas empadronadas, llegando a registrar en el momento
actual 173.
Ante estos datos, los agentes realizaron numerosas gestiones con las
administraciones a fin de identificar a las personas que realmente residían en
el lugar. De todos los empadronados 153 resultaron ser extranjeros y sólo 12
habitaban allí en la actualidad.
Las informaciones recabadas pusieron de manifiesto que muchas de las
personas empadronadas nunca habrían morado en la finca. Principalmente,
ciudadanos extranjeros, de origen marroquí y senegalés, que eran captados
en la provincial de Almería por intermediarios y que habrían llegado a pagar
entre 300 y 700 euros para obtener el certificado de empadronamiento y con
ello regularizar su situación administrativa.
La operación policial ha conseguido identificar una estructura criminal que
basaba su actividad en la falsedad documental y el favorecimiento de la
inmigración ilegal. Igualmente, se ha comprobado que otras personas
investigadas han conseguido regularizar su situación en España gracias a
esta organización, pudiéndose enfrentar a una revocación de los permisos ya
concedidos, así como a las correspondientes sanciones administrativas.